Por Juan Luis Gámez Ortúzar (escrito el 19 de octubre de 2008)
Semanas atrás la polémica ha vuelto a la palestra de mano de un tema como es el uso permitido o no permitido de la sala de comisiones del inmueble que alberga las oficinas del Distrito Centro Histórico para fines privados, ya sean para las actividades realizadas y promovidas por la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo, o por una empresa como Mercadona. Y sobre este asunto hay mucho que hablar, dándole la razón en su justa medida, a una y otra parte.
Por parte del Ayuntamiento, podría ser correcta la decisión de no ceder instalaciones públicas para fines privados (aunque partamos del hecho que las instalaciones municipales son de todos) pero de alguna u otra forma, la administración no puede acceder a que cualquier interesado pueda usarlas a su conveniencia. Ahora bien, ¿hasta qué punto se puede negar a unos y conceder a otros ese derecho de uso? Si una asociación legalmente constituida como es la que forman los empresarios del Casco Antiguo -de Marbella-, y que venía disfrutando desde hace años esa sala para sus reuniones y actividades, de repente se ve privado de la misma ¿tiene razón en sus protestas o no? ¿son aceptables y convincentes las razones alegadas por el consistorio?
Cualquier asociación, debidamente inscrita en los pertinentes registros, puede obtener ayudas de la administración para la consecución de sus fines, pero no creo que los entes públicos estén obligados a ceder ni pagar alquileres de instalaciones para que esas asociaciones puedan operar, porque de ese modo, cualquier grupo de amigos formados como asociación podría reivindicar con todas las de ley que le permitieran reunirse en salón de plenos, por ejemplo. Y también son razonables la respuesta dada por el ayuntamiento en cuanto a que en la esa sala existe documentación y datos de ciudadanos, que deben proteger como así prevé la Ley de Protección de Datos.
Aún así ¿puede entonces un consistorio suscribir un acuerdo con una empresa privada para que ésta realice cursos de formación dentro de locales municipales? ¿los documentos que allí existen –según afirman- ya no necesitan de protección? ¿por qué no sugiere a la empresa cesionaria, a que use los salones con los que numerosos establecimientos hoteleros de la ciudad cuentan para realizar seminarios, conferencias y cursos? ¿no sería una ayuda para la delicada economía local? ¿no creen que si el gigante de los supermercados, de origen levantino, ha decidido abrir un establecimiento en la zona de Xarblanca, lo hace para ganar, no dinero, sino mucho dinero, porque está convencido de ello ya que ha realizado estudios de mercado y sabe que en esa zona de Marbella tiene una bicoca? Cierto es que supondrá la creación de empleo (y eso, en una situación como la actual) ya es mucho, pero ¿qué porcentaje de los empleados serán naturales de Marbella o al menos cuántos de ellos llevarán empadronados aquí como mínimo diez años? ¿se ha previsto eso en el reciente acuerdo firmado? ¿hasta qué punto puede un ayuntamiento “exigir” a una empresa a la que cede instalaciones públicas para fines privados, que un tanto por cierto de los puestos de trabajo (como mínimo el 80 o el 90) sean para ciudadanos de Marbella? En una negociación, en un contrato o en un acuerdo caben todo tipo de cláusulas, siempre que estas no sean contrarias a la ley, pero si encima van en beneficio de los vecinos...
Por tanto, en el asunto de la cesión de la antedicha Sala de Comisiones, quedan muchas preguntas por responder, a los ciudadanos (o a los usuarios) a lo mejor no les convence lo alegado. O como diría aquella famosa sentencia “o todos moros o todos cristianos”.
Semanas atrás la polémica ha vuelto a la palestra de mano de un tema como es el uso permitido o no permitido de la sala de comisiones del inmueble que alberga las oficinas del Distrito Centro Histórico para fines privados, ya sean para las actividades realizadas y promovidas por la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo, o por una empresa como Mercadona. Y sobre este asunto hay mucho que hablar, dándole la razón en su justa medida, a una y otra parte.
Por parte del Ayuntamiento, podría ser correcta la decisión de no ceder instalaciones públicas para fines privados (aunque partamos del hecho que las instalaciones municipales son de todos) pero de alguna u otra forma, la administración no puede acceder a que cualquier interesado pueda usarlas a su conveniencia. Ahora bien, ¿hasta qué punto se puede negar a unos y conceder a otros ese derecho de uso? Si una asociación legalmente constituida como es la que forman los empresarios del Casco Antiguo -de Marbella-, y que venía disfrutando desde hace años esa sala para sus reuniones y actividades, de repente se ve privado de la misma ¿tiene razón en sus protestas o no? ¿son aceptables y convincentes las razones alegadas por el consistorio?
Cualquier asociación, debidamente inscrita en los pertinentes registros, puede obtener ayudas de la administración para la consecución de sus fines, pero no creo que los entes públicos estén obligados a ceder ni pagar alquileres de instalaciones para que esas asociaciones puedan operar, porque de ese modo, cualquier grupo de amigos formados como asociación podría reivindicar con todas las de ley que le permitieran reunirse en salón de plenos, por ejemplo. Y también son razonables la respuesta dada por el ayuntamiento en cuanto a que en la esa sala existe documentación y datos de ciudadanos, que deben proteger como así prevé la Ley de Protección de Datos.
Aún así ¿puede entonces un consistorio suscribir un acuerdo con una empresa privada para que ésta realice cursos de formación dentro de locales municipales? ¿los documentos que allí existen –según afirman- ya no necesitan de protección? ¿por qué no sugiere a la empresa cesionaria, a que use los salones con los que numerosos establecimientos hoteleros de la ciudad cuentan para realizar seminarios, conferencias y cursos? ¿no sería una ayuda para la delicada economía local? ¿no creen que si el gigante de los supermercados, de origen levantino, ha decidido abrir un establecimiento en la zona de Xarblanca, lo hace para ganar, no dinero, sino mucho dinero, porque está convencido de ello ya que ha realizado estudios de mercado y sabe que en esa zona de Marbella tiene una bicoca? Cierto es que supondrá la creación de empleo (y eso, en una situación como la actual) ya es mucho, pero ¿qué porcentaje de los empleados serán naturales de Marbella o al menos cuántos de ellos llevarán empadronados aquí como mínimo diez años? ¿se ha previsto eso en el reciente acuerdo firmado? ¿hasta qué punto puede un ayuntamiento “exigir” a una empresa a la que cede instalaciones públicas para fines privados, que un tanto por cierto de los puestos de trabajo (como mínimo el 80 o el 90) sean para ciudadanos de Marbella? En una negociación, en un contrato o en un acuerdo caben todo tipo de cláusulas, siempre que estas no sean contrarias a la ley, pero si encima van en beneficio de los vecinos...
Por tanto, en el asunto de la cesión de la antedicha Sala de Comisiones, quedan muchas preguntas por responder, a los ciudadanos (o a los usuarios) a lo mejor no les convence lo alegado. O como diría aquella famosa sentencia “o todos moros o todos cristianos”.
Reproducción Marbella Express 22/10/08
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